La discusión sobre la tierra suele plantearse en términos de propiedad privada. Para Natalia Czytajlo, arquitecta, doctora en Ciencias Sociales, profesora e investigadora del CONICET en el Instituto de Planeamiento y Desarrollo Urbano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNT, el debate central es otro: qué capacidad conserva el Estado para decidir sobre el territorio, sus recursos y su desarrollo.Uno de sus principales cuestionamientos apunta al proyecto de ley de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”.
Para la investigadora, el nombre resulta engañoso porque la propiedad privada ya está protegida por la Constitución. “La propiedad privada ya está resguardada por principios constitucionales. Entonces, ya en sí mismo el nombre es una provocación”, afirmó. A su entender, el foco debería estar puesto en preservar la función social del suelo y sostener la capacidad del Estado para regular su uso. “Lo que hay que proteger de algún modo, preservar, es el rol social del suelo y de la tierra”, sostuvo.
El proyecto impulsado por el Gobierno propone modificaciones a la legislación sobre tierras, entre ellas cambios en las restricciones para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. En julio, el Senado dio media sanción a otros aspectos de la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, pero la cuestión de la extranjerización de tierras quedó fuera de ese tratamiento.
Sin embargo, los otros temas: desalojos y expropiaciones, merecen una discusiòn pública, a criterio de la investigadora. Comentó que están participando de conversaciones en el marco de la Sociedad Argentina de Planificación Territorial – SAPLAT-.Tierras, recursos y soberanía. Para Czytajlo, una menor regulación no afecta solamente quién puede ser propietario de una determinada superficie, sino también el control sobre los recursos vinculados con esos territorios.
“Entendemos que la ley de tierras actual y las modificaciones van en contra de la capacidad del propio Estado de regular el suelo, los límites y su propia soberanía, que es la capacidad de poder decidir sobre sus territorios, sobre sus recursos”, explicó. La investigadora planteó como ejemplo la posibilidad de adquirir grandes extensiones alrededor de un recurso natural. Aunque ese recurso no pueda ser comprado, sostuvo, quien controla las tierras circundantes puede terminar condicionando su utilización.
El planteo adquiere particular relevancia en el NOA, donde existen territorios vinculados con actividades mineras y urbanización acelerada. Para Czytajlo, la discusión no se limita al beneficio económico de una explotación: también debe contemplar sus efectos ambientales y sociales, que pueden extenderse mucho más allá del período de actividad.La tensión entre mercado, sociedad y Estado también atraviesa las ciudades. “Como afirman autores como Pedro Pírez, existe una la lógica del mercado, que no es ni mala ni buena: es la lógica del máximo beneficio, una lógica de la sociedad, que vive y sobrevive en algunos casos, y la lógica del Estado, que es el que tiene la capacidad y posibilidad de regular”, señaló.
Tucumán: cómo se planifica el territorio
En Tucumán, la discusión sobre el territorio también se refleja en el crecimiento de los barrios privados, los terrenos vacantes y la necesidad de preservar espacios verdes, espacio para equipamiento social y áreas de drenaje. Czytajlo señaló que las grandes superficies cerradas por countries pueden modificar la circulación urbana y generar recorridos más largos para quienes atraviesan esos sectores.
También puso el foco en terrenos que permanecen vacantes durante años, como el Campo Norte y otros terrenos privados de San Miguel de Tucumán. “Hay un montón de instrumentos que posibilitarían que el Estado defina el uso de esas tierras, para evitar ese terreno en engorde, con costo social”, sostuvo.
La investigadora destacó además el valor social y ambiental de los espacios verdes. “Tal vez no nos imaginamos el impacto o el beneficio que tiene un parque urbano o una plaza cerca de la casa”, señaló. Este y otros temas forman parte del trabajo de especialistas de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNT en la reforma del Código de Planeamiento Urbano de San Miguel de Tucumán.
La propuesta busca incorporar una mirada multidimensional y multiescalar (metropolitana, urbana y barrial), junto con criterios sociales, ambientales y de movilidad, como la preservación de áreas de drenaje,y acciones que promuevan el acceso equitativo de la población a las oportunidades de la ciudad como el equipamiento, el transporte público, otras formas de movilidad y la caminabilidad.
Para Czytajlo, el problema de fondo es que la planificación perdió peso a escala nacional y provincial y los municipios no siempre cuentan con la capacidad técnica y operativa. Frente a este escenario, sostuvo que no se trata de negar la lógica del mercado, sino de establecer reglas que garanticen que los bienes y el territorio también cumplan una función social, en lo que la universidad pública y la ciencia al servicio de la sociedad tienen un papel relevante. “¿Cuáles son los límites, en todo caso, al mercado?”, planteó, y llamó a pensar esos límites en función de las necesidades de la población.
