Durante las últimas décadas, las universidades dejaron de ser únicamente espacios de producción y transmisión de conocimientos para asumir también un papel activo en la construcción de comunidades más democráticas, inclusivas y libres de violencias. En ese proceso, las políticas de género y diversidad adquirieron una presencia creciente en las instituciones educativas, acompañando transformaciones sociales y normativas que pusieron en agenda problemáticas históricamente invisibilizadas.
En sintonía con esa evolución, la Universidad Nacional de Tucumán profundiza una mirada preventiva frente a las violencias de género y diversidades. La nueva Subsecretaría de Género a cargo de la Dra. María Paula Moya convocó a referentes de las distintas unidades académicas con el objetivo de conocer las realidades particulares de facultades y escuelas experimentales y fortalecer estrategias de prevención, capacitación y convivencia universitaria.
El encuentro permitió intercambiar experiencias e inquietudes sobre las formas en que cada espacio de la UNT aborda las situaciones de violencia y los mecanismos institucionales disponibles. En este sentido, la responsable de la Subsecretaría explicó que uno de los principales objetivos de la reunión fue “receptar las inquietudes de las distintas referentes de las distintas unidades académicas de la UNT acerca de cómo se están abordando las violencias en este espacio institucional”.
La diversidad de realidades dentro de la universidad constituye, en este sentido, uno de los principales desafíos para el diseño de políticas institucionales. “Entendemos que cada facultad y las escuelas experimentales tienen su propia realidad, que es diferente la una de la otra”, señaló.
Desde esta perspectiva, el diálogo con las unidades académicas se plantea como una herramienta para identificar necesidades específicas y construir respuestas que contemplen las particularidades de cada comunidad. Uno de los ejes centrales de la nueva etapa de trabajo es fortalecer las acciones preventivas. La propuesta busca que la intervención institucional no comience únicamente cuando una situación de violencia ya se produjo, sino que incluya herramientas de formación, sensibilización y construcción de vínculos respetuosos.
En esa línea, la capacitación aparece como una herramienta transversal dirigida a los distintos estamentos de la comunidad universitaria. El objetivo es generar mayores capacidades para reconocer situaciones de violencia, intervenir de manera adecuada y promover espacios de convivencia basados en el respeto y los derechos.
La política institucional también contempla el fortalecimiento de los mecanismos existentes para abordar situaciones de violencia. Sin embargo, desde la Subsecretaría remarcan que el protocolo debe formar parte de una estrategia más amplia. En este marco, explicó que se continuará trabajando junto a cada unidad académica para mejorar la implementación del protocolo y, paralelamente, profundizar las acciones de prevención.
“Entendemos que la aplicación del protocolo es la última ratio. Entendemos que llega una vez que el conflicto ya está allá”, sostuvo Moya. La definición plantea un cambio de perspectiva: el protocolo constituye una herramienta necesaria de intervención, pero la política institucional busca actuar antes de que las situaciones de violencia escalen o se consoliden. La iniciativa se inscribe en una transformación más amplia del ámbito educativo la convivencia, la inclusión y el respeto por los derechos forman parte de las condiciones necesarias para garantizar una experiencia universitaria plena.
