En el marco del VIII Congreso Internacional de Psicología del Tucumán, el Dr. Alberto Trímboli, destacado profesional en el campo de la salud mental, ofreció una conferencia sobre "Salud Mental y Derechos Humanos". Previamente a su exposición, Medios UNT tuvo la oportunidad de dialogar con el disertante para explorar la interconexión entre la salud mental y los derechos humanos, así como los desafíos que enfrenta la implementación de la Ley de Salud Mental en Argentina.
La entrevista comenzó con una pregunta crucial: "¿De qué hablamos cuando hablamos de salud mental y derechos humanos?". El Dr. Trímboli enfatizó la indisolubilidad de estos dos conceptos. Argumentó que "no se puede abordar la salud mental sin considerar los derechos humanos como un todo, ya que cada persona debe ser vista como un individuo con derechos inalienables, que incluyen la vivienda, el trabajo, la comunidad y la salud. Por eso, los determinantes sociales de la salud siempre hay que tomarlos dentro de las políticas de salud mental y que siempre son de derechos humanos", consideró.
En cuanto a la implementación de la Ley de Salud Mental en Argentina, se reconoció la falta de uniformidad en su cumplimiento. El Dr. Trímboli señaló que, en términos generales, la ley no se está aplicando en su totalidad en ninguna región. Sin embargo, destacó que algunos avances se están logrando en políticas específicas.
"Lo tenemos que ver como un momento, como una película, no una foto. En la foto si uno dice, bueno, sacamos una foto ahora, decimos que estamos mal. Pero tenemos que ver de dónde venimos y hacia dónde vamos. Hay que cambiar la cabeza, ver los problemas de salud mental como un problema de salud como cualquiera. No asociarlo al delito, a la violencia, a la peligrosidad. Porque si no, lo que vamos a tener como consecuencia siempre va a ser el encierro como forma de abordar los problemas de salud mental. Cuando en realidad en el mundo, y bueno, hay muchos ejemplos acá en la Argentina, de que es posible otro abordaje, otro abordaje más inclusivo, otro abordaje, como decía antes, con perspectiva de derechos", evaluó.
Uno de los principales obstáculos en la implementación de estas políticas son las asociaciones psiquiátricas y los intereses económicos detrás de las clínicas psiquiátricas y las prepagas de salud. La Ley de Salud Mental requiere que tanto el sector público como el privado se adapten a sus disposiciones. Esto significa que las clínicas y sanatorios privados deben abordar la salud mental y proporcionar salas de internación para personas con problemas de salud mental. Es decir, que la adecuación no solo la tiene que hacer el Estado, sino que el Estado tiene que obligar al sector público a avanzar en esa adecuación a la ley.
La entrevista comenzó con una pregunta crucial: "¿De qué hablamos cuando hablamos de salud mental y derechos humanos?". El Dr. Trímboli enfatizó la indisolubilidad de estos dos conceptos. Argumentó que "no se puede abordar la salud mental sin considerar los derechos humanos como un todo, ya que cada persona debe ser vista como un individuo con derechos inalienables, que incluyen la vivienda, el trabajo, la comunidad y la salud. Por eso, los determinantes sociales de la salud siempre hay que tomarlos dentro de las políticas de salud mental y que siempre son de derechos humanos", consideró.
En cuanto a la implementación de la Ley de Salud Mental en Argentina, se reconoció la falta de uniformidad en su cumplimiento. El Dr. Trímboli señaló que, en términos generales, la ley no se está aplicando en su totalidad en ninguna región. Sin embargo, destacó que algunos avances se están logrando en políticas específicas.
"Lo tenemos que ver como un momento, como una película, no una foto. En la foto si uno dice, bueno, sacamos una foto ahora, decimos que estamos mal. Pero tenemos que ver de dónde venimos y hacia dónde vamos. Hay que cambiar la cabeza, ver los problemas de salud mental como un problema de salud como cualquiera. No asociarlo al delito, a la violencia, a la peligrosidad. Porque si no, lo que vamos a tener como consecuencia siempre va a ser el encierro como forma de abordar los problemas de salud mental. Cuando en realidad en el mundo, y bueno, hay muchos ejemplos acá en la Argentina, de que es posible otro abordaje, otro abordaje más inclusivo, otro abordaje, como decía antes, con perspectiva de derechos", evaluó.
Uno de los principales obstáculos en la implementación de estas políticas son las asociaciones psiquiátricas y los intereses económicos detrás de las clínicas psiquiátricas y las prepagas de salud. La Ley de Salud Mental requiere que tanto el sector público como el privado se adapten a sus disposiciones. Esto significa que las clínicas y sanatorios privados deben abordar la salud mental y proporcionar salas de internación para personas con problemas de salud mental. Es decir, que la adecuación no solo la tiene que hacer el Estado, sino que el Estado tiene que obligar al sector público a avanzar en esa adecuación a la ley.
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Finalmente, se abordó el papel de las universidades públicas, particularmente las facultades de psicología, en la promoción de la salud mental y los derechos humanos. "La Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Tucumán es un ejemplo en esto. Es una de las pocas facultades que pone el acento en esto, en formar a sus profesionales de acuerdo a los lineamientos de las políticas que la ley de salud mental indica. es fundamental que nuestros futuros profesionales salgan de una universidad con una cabeza totalmente diferente, con una cabeza que no vea la locura o los problemas de salud mental como algo que debemos controlar, sino como algo que es un problema como cualquiera, pero también tienen que tener todos los derechos", concluyó.
Sobre el entrevistado
El Dr. Alberto Trímboli es un destacado profesional en el campo de la Psicología y la Salud Mental, con un Doctorado en Psicología y especialización en Psicología Clínica. A lo largo de su carrera, ha ocupado roles significativos en la promoción de políticas de salud mental y derechos humanos, incluyendo su trabajo como Director Nacional de Investigación en la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la República Argentina y su papel como Presidente de la Federación Mundial de Salud Mental. Además, ejerce como coordinador del sector de adicciones en el Hospital General de Agudos "Dr. Teodoro Álvarez" y ha fundado y presidido la Asociación Argentina de Salud Mental. Su compromiso se extiende a la educación y la formación de profesionales en salud mental, y es autor de varios libros que reflejan su enfoque inclusivo y basado en derechos en el campo de la salud mental. Su influencia se ha extendido internacionalmente, contribuyendo a programas de maestría y ocupando roles significativos en la promoción y defensa de la salud mental y los derechos humanos.
Ha sido Director de la Diplomatura en Políticas y Gestión de Servicios de Salud Mental y Profesor de la Especialización en Adicciones de la Universidad Nacional de Tucumán. Su influencia en el campo de la psicología y la salud mental se extiende más allá de Argentina. Es Profesor Honorario de la Facultad de Psicología de la Universidad de Chiclayo en Perú y ha contribuido a programas de maestría en gestión de salud mental.
Es autor de varios libros relacionados con la salud mental y las adicciones, incluyendo "Consumo Problemático de Drogas, Base para una Clínica de Inclusión Sociosanitaria," "El dispositivo del Hospital de Ríos en Adicciones, la Subjetividad y la Intersubjetividad en la Clínica," y "El fin del manicomio, construcción colectiva de políticas y experiencias de salud mental y derechos." Estos libros reflejan su compromiso con la promoción de enfoques inclusivos y basados en derechos en el campo de la salud mental.