Los abuelos de Lucio Dupuy dialogaron con autoridades de la UNT sobre capacitación y aplicación de la Ley 27.609

Esta mañana, en la sala de sesiones del Honorable Consejo Superior, el Rector Ing. Sergio Pagani y la Vicerrectora Dra. Mercedes Leal recibieron a Ramón Dupuy y Silvia Gómez, abuelos de Lucio Dupuy, el niño de cinco años asesinado en La Pampa en noviembre de 2021.

En el encuentro también participaron la Secretaria Académica, Dra. Carolina Abdala; el Secretario de Extensión Universitaria, Lic. Marcelo Mirkin; la Secretaria y Subsecretaria de Género, Diversidades y Derechos Humanos, Lic. Julia Saldaño y Prof. Sandra Márquez y el ex legislador Raúl Pellegrini.

Luego de agradecer a la UNT por su recepción, Dupuy mencionó que el objetivo es colaborar con la universidad en la capacitación y reglamentación de la Ley 27.609, conocida como “Ley Lucio”. “Los aspectos clave de esta ley incluyen la capacitación obligatoria y permanente a los tres poderes del Estado, la línea de asistencia 112 y la protección de la identidad del denunciante”, explicó.

El Rector expresó su admiración por la lucha de los abuelos de Lucio, señalando el esfuerzo por transformar su dolor en ayuda para la sociedad. “Estamos viendo cómo articular con la universidad para capacitarnos nosotros primero, a nuestro personal docente, nodocente y después armar un grupo de capacitadores para poder difundir esta ley”, subrayó.

La Vicerrectora agregó: “estamos comprometidos no sólo con la formación y capacitación interna acorde a esta Ley, sino también en ofrecer programas de capacitación externos en colaboración con las autoridades provinciales y municipales, y otras universidades.”

La Ley Lucio requiere capacitación obligatoria en derechos de la infancia para los empleados de los tres poderes del Estado. Este enfoque busca sensibilizar y preparar a quienes tienen autoridad para identificar y prevenir situaciones de riesgo para menores.

Además, la ley implica actualizar protocolos y procedimientos para responder con rapidez y efectividad ante casos de abuso o maltrato infantil, e incluye la inversión necesaria en recursos para la capacitación y la implementación de medidas de protección.

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